Impactos ambientales del Arco Minero en Guayana

Impactos ambientales del Arco Minero en Guayana

***Ecologistas manifiestan su preocupación ante la afectación de 111 mil kilómetros cuadrados y la contaminación de los principales cuerpos de agua dulce del país 

***Preocupación por violación de zonas ABRAE y demás figuras de protección Ambiental 

***Comunidades indígenas también se pronuncian ante la situación 

Según señalara el presidente NicolásMaduro, el Arco Minero del Orinoco (Edo. Bolívar) tendrá una superficie de 111 mil kilómetros cuadrados duplicando así la Faja Petrolífera del Orinoco y cuenta con 7 mil toneladas de reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de alto valor industrial.

Para el ministro de Petróleo y Minería, Eulogio Del Pino, la importancia de la activación del Motor Minero bajo la figura de los acuerdos que se firmaron con empresas nacionales e internacionales para la exploración y explotación e minerales metálicos y no metálicos, redundará en la diversificación de ingresos para la nación.

Asimismo Del Pino indicó que se explorará, certificará y explotará, preservando los recursos naturales y las culturas originarias, en cumplimiento de la Ley para el Desarrollo Productivo Minero 2016-2018 que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos.

Sin embargo, son muchas las interrogantes, al igual que las voces de ecologistas, ONG´s, organizaciones y comunidades indígenas que advierten las repercusiones ambientales y socioculturales, la afectación de zonas protegidas ambientalmente por leyes nacionales, además de desplazamientos forzosos de asentamientos criollos e indígenas, por citas algunas. 

“Estamos hablando de una amplia zona de gran biodiversidad que abarca gran cantidad de bosques, selvas que están protegidas por decretos de reserva forestal como el caso de Imataca, de 3 millones 800 mil hectáreas, La Paragua y El Caura con 5 millones 134 mil hectáreas, monumentos naturales como el caso de Guanay decretados en 1991 y cuencas que están protegidas igualmente por leyes ambientales y convenios internacionales como la Cuenca del Caroní de 96 mil kilómetros cuadrados, que provee de las reservas de agua dulce más importantes del país y generadora de 60% de la energía hidroeléctrica que alimenta la represa del Guri y el complejo hidroeléctrico”, advierte Alejandro Lanz, director del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV).

En este sentido, el ecologista destaca que, para la activación del Arco Minero, el Ejecutivo nacional, tendrá que violar importantes Decretos realizados por el Estado venezolano. 

“Aún más, si estamos en frente de una crisis energética, lo lógico es cuidar las cuencas del Caroní y Paragua, activar planes de reforestación, de eliminación de la minería en estos ríos que socava su cauce y manda lodo y sedimentos a Guri (…) y por el contrario, la respuesta no debería ser activar un Arco Minero que haga legal la explotación de minerales preciosos o no en estos vitales cuerpos de agua, de los cuales depende la generación de la electricidad de todos los venezolanos”, destaca Lanz. 

De allí que considere el ecologista al Motor Minero,como un sacrificio ecológico, que afectará a generaciones presentes y futuras. 

El titular del CIEV señaló que el Arco Minero iniciaría actividades incumpliendo las obligaciones constitucionales de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas (artículo 129), así como consultar de manera previa, libre e informada a los pueblos originarios cuando se aprovechen recursos naturales en hábitats indígenas (artículo 120, Convenio 169 de la OIT).

“El modo de vida de los pueblos indígenas como Inga, Mapoyo, Eñepá, Yekwana, Piapoco, Kariña, Arawak, Akawako, entre otros, sería afectado por la actividad minera”, manifiesta Lanz, para quien y de igual forma, todo los pobladores del sur-oriente del país se verían afectados ante el incremento de contaminación del río Orinoco. 

Por otro lado, el decreto del Arco Minero del Orinoco, prohíbe y penaliza el ejercicio de los derechos a la reunión, manifestación pacífica y a la huelga, contrario a lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; al convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a libertad sindical y a los artículos 53, 68 y 97 de la carta magna.

A pesar de la utilización de un lenguaje en el que abundan términos como “endógeno”, “sustentable” o “ecosocialismo” la política de expansión y el incremento de la minería ilegal en toda Guayana, traería grandes pasivos ambientales que se traducirán en desmejora de la calidad de vida de todos los pobladores de Amazonas, Bolívar, sur de Monagas y Delta Amacuro, por citar a los afectados más directos. 

“Comprendemos que hay una crisis económica, pero a pesar que el Ejecutivo nacional obtenga grandes ganancias por el Arco Minero y disminuya el “rentismopetrolero”, la salud y calidad de vida de todos los ecosistemas de la región Guayana se verán afectados en demasía, y con ellos, la calidad de vida de sus pobladores”, alecciona Lanz. 

LLAMADO DE ALERTA AL PRESIDENTE 

Las organizaciones indígenas del Amazonas se han comunicado con el CIEV en aras de hacer un llamado al presidente Madura tanto para la implementación de medidas en torno a la minería ilegal, como la preocupación por la entrega de concesiones para la extracción de minerales a trasnacionales en territorios indígenas. 

“Estamos profundamente preocupados debido a la creciente ACTIVIDAD MINERA ILEGAL (minería de oro) en varias zonas del Estado Amazonas, la cual afecta a numerosos pueblos y comunidades indígenas de la región. Durante los últimos años (2014 – 2015 – 2016) se ha observado un incremento de la minería ilegal en los cauces de numerosos ríos y zonas de selva alta, incluyendo la utilización de máquinas motobombas y embarcaciones con máquinas chupadoras, que utilizan métodos de dragado de las aguas delos ríos para la extracción de oro. El resultado de esta actividad ilegal ha sido una evidente destrucción ambiental en zonas como el Parque Nacional Yapacana, y los ríos Orinoco, Atabapo, Guainía, Sipapo - Guayapo, Alto Cuao, Ocamo, Manapiare - Ventuari, Parucito - Majagua, Parú, Asita, Siapa y otros; contaminación de las aguas por presencia de mercurio y otras sustancias tóxicas, así como la alteración del ecosistema fluvial en general, incluyendo la vida de numerosos peces que son fuente de alimento para las comunidades indígenas ribereñas y las capitales de Municipios. En las áreas afectadas se observan impactos ambientales como deforestación de grandes cantidades de selva tropical, desviación del curso de las aguas de ríos y caños, procesos de sedimentación y la afectación de numerosos ecosistemas amazónicos. De esta situación hay numerosos informes y numerosa documentación en la Defensoría del Pueblo y en la Fiscalía del Estado Amazonas”, reseñan dirigentes indígenas pertenecientes a la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (COIAM).

Las organizaciones destacan que la actividad minera ilegal en todo el Estado Amazonas va acompañada de otras muchas ilegalidades, tales como el contrabando de productos nacionales, el tráfico de combustible, la prostitución, la delincuencia organizada, la entrada ilegal al territorio nacional de personas foráneas sobretodo de Colombia y Brasil, la presencia de grupos armados generadores de violencia y el tráfico de sustancias prohibidas por la ley. Todas estas actividades ilegales y en concreto la minería ilegal son hechos públicos ampliamente conocidos y difundidos por las comunidades y los medios de comunicación. 

Las organizaciones señalan que esta situación la han presentado en varias oportunidades en mesas de diálogo con la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de la Defensa, CECODENA, el Ministerio para los Pueblos Indígenas, la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, y las Comisiones de Defensa y Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional. También les preocupa que mientras el problema aumenta y se detectan nuevos focos mineros ilegales en toda la región, en muchos casos las autoridades del Estado venezolano no han logrado controlar efectivamente el problema de la actividad minera ilegal que afecta a nuestros pueblos y comunidades y a la población en general.

Es importante resaltar que en el Estado Amazonas hay numerosas ÁREAS PROTEGIDAS, como los Parques Nacionales YAPACANA, Parima Tapirapecó, DuidaMarawaka, La Neblina; la Reserva de Biósfera Alto Orinoco Casiquiare; Zonas Protectoras, Reservas Forestales y Monumentos Naturales; y existe el Decreto Presidencial N° 269 del año 1989, que prohíbe la minería en todo el territorio de Amazonas.

“Debido a la alta fragilidad ecológica de los ecosistemas amazónicos, y que en su mayoría nuestros hábitats y tierras no han sido demarcados como reconoce el artículo 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;  ratificamos que la vocación natural del Estado Amazonas deberá ser de preservación de recursos hídricos para el futuro del país, conservación de la diversidad biológica, y realización de actividades económicas sostenibles en la Amazonía (agroforestería, artesanía,  silvicultura, agricultura cónsona con el ambiente  -cacao orgánico-, pesca artesanal, ganadería bufalina no extensiva, apicultura y ecoturismo. Creemos que también se pueden promover fuentes alternativas de energía como la energía solar e hidroeléctrica a menor escala previo estudio de impacto ambiental.”

Las organizaciones indígenas insisten “Queremos hacer un llamado al Gobierno Nacional para que se tomen medidas efectivas que protejan la Amazonía venezolana de estos fuertes impactos ambientales y socioculturales. En este sentido, al expresar nuestra preocupación por la implementación del llamado Arco Minero del Orinoco, reconocemos como positivo que se haya excluido al Estado Amazonas de las actividades propias de esta política del Estado venezolano.”

Finalmente las organizaciones manifiestan la necesidad de sentarse con el Gobierno Nacional para dialogar sobre estos problemas, especialmente con la Presidencia de la República, a los efectos de que desde el Gobierno Nacional, se puedan coordinar acciones efectivas y medidas concretas que permitan controlar y erradicar la minería ilegal en Amazonas.

Una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas para Ciudad Bolívar

Un sueño que se niega hacer realidad

Una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas para Ciudad Bolívar

Por: Alejandro Lanz/Director General del CIEV

Ciudad Bolívar, desde la otrora Angostura del Orinoco, gobernantes van y vienen sin que alguno muestre la férrea voluntad política de “saldar cuentas” con un río Padre que nos alimenta, da trabajo y nos transporta.

Todos hablan del soberbio Orinoco, su majestuosidad y del privilegio de tenerlo frente a la capital histórica de Venezuela; sin embargo, se sigue descargando sin contemplación todas las aguas residuales y servidas de la ciudad.

Recordando los tiempos en que Rojas Suárez era gobernador, el entonces secretario de Infraestructura del Ejecutivo regional, ingeniero Héctor Millán, anunciaba que uno de los proyectos mas importantes de su administración sería precisamente la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas para Ciudad Bolívar: “tenemos que comenzar a construirla en 18 meses máximo de acuerdo a un convenio obligante con el Ministerio del Ambiente”, dijo para aquel entonces y aún se está en mora con toda la región.

En la actualidad se siguen descargando todas las aguas putrefactas al río Orinoco a través de seis puntos aguas abajo y otro punto que está aguas arriba de la Toma del Acueducto; con lo que la progresiva y peligrosa contaminación del río Padre sigue sin dolientes y con una población malagradecida que no ejerce ningún tipo de presión pública para con quien nos brinda tantas bondades. 

Décadas después el Socialismo del Siglo XXI prometió saldar esta deuda histórica de una Ciudad que, paradójicamente, quiere ser nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, algo así como Paisaje Cultural de la Humanidad; pero que contamina su principal recurso natural del cual se basa para alcanzar este digno nombramiento.

No obstante el proyecto sigue estando “engavetado” en el Ministerio de Ecosocialismo desde hace más de diez años, sin que nadie lo haya podido desempolvar.

Para tener una idea de la problemática ambiental, podemos citar los muestreos realizados desde el 2005 al 2007 por la Red de Calidad de Agua de los ríos Orinoco y Caroní que opera CVG, en el cual se registraron “en forma recurrente” valores superiores a los establecidos para los usos más restrictivos como son el contacto humano total o parcial, siendo estos los referentes a los coliformes totales y fecales y las concentraciones de aceites y grasas, hierro total, aluminio total y fenoles. ¡Y este informe fue hace diez años atrás!

Otro estudio realizado por la Escuela de Ciencias de la Salud de la UDO, Sección Bioquímica en el año 2010 público los resultados de los estudios de la calidad del agua en los municipios Heres y Caroní, con conclusiones alarmantes.

Entre los resultados se muestran indicadores bacterianos en muestras del río Orinoco, tramo Ciudad Bolívar, y se evidencia que los niveles más elevados se encuentran en los sectores Desembocadura del Río San Rafael, La Cruz del Perdón y La Alameda, con valores de hasta 10⁶ UFC/100 ml para bacterias heterótrofas totales; además, presencia de Escherichia coli y valores de enterococos de hasta dos diluciones decimales.

Mientras en el Balneario Marcella del municipio Heres mostró recuento de coliformes totales que exceden la norma oficial. Además, el Balneario La Candelaria (25%) mostró presencia de E. coli y enterococos, con valores de coliformes fecales dentro de los límites esperados.

Entre las conclusiones del estudio bacteriológico del agua del río Orinoco, tramo Ciudad Bolívar, indicó que el agua procedente de los sectores Desembocadura del Río San Rafael, Sector La Cruz del Perdón y Sector La Alameda no es apta para el contacto humano porque sus recuentos exceden los límites de la norma sanitaria vigente para este tipo de aguas. Mientras, en relación a los balnearios muestreados provenientes del río Orinoco (municipio Heres), el 50% son aptos para el contacto humano. En el Balneario La Candelaria hay que prestar especial atención a la presencia de contaminación fecal reciente en el agua (Escherichia coli), aun cuando sus valores de coliformes fecales están dentro del criterio.

Si tomamos en cuenta que este estudio data de hace seis años atrás; la situación actual de las aguas del Orinoco y afluentes, vuelve a poner en la palestra, la urgente construcción de un sistema interconectado de aguas servidas y cloacales direccionado a una Planta de Tratamiento para comenzar a minimizar comprobada contaminación del río Orinoco.

Estamos frente a un problema de salud pública de grandes dimensiones, un problema que puede ser evitado por el bien del pueblo bolivarense y de toda la región Guayana.

En este sentido, vale la pena mencionar que el 28 de julio de 2010 la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó en su resolución el acceso al agua potable y al saneamiento básico de la misma como “un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y todos los derechos humanos”. La declaratoria resalta que “cada año fallecen, aproximadamente, 1.5 millones de niños menores de 5 años y se pierden 443 millones de días lectivos a consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua”.

Esto se extiende no solo a la existencia de una planta de tratamiento de aguas servidas, sino el oportuno acceso al sistema de cloacas y el desecho apropiado de las aguas negras, en donde vuelve a comenzar el ciclo. Pero en Ciudad Bolívar las aguas servidas no solo contaminan el Orinoco sino que bañan múltiples calles de la urbe y mantienen en “jaque” al Jardín Botánico del Orinoco, donde –literalmente-, las colecciones botánicas como el Palmetun y Crasuletun se han perdido al quedar sumergidas, en reiteradas oportunidades, bajo las aguas cloacales provenientes de San Isidro. Un crimen ecológico que ha todas luces, demuestra la indiferencia de los gobernantes locales con la naturaleza y el medio ambiente.

Lamentablemente hoy, el Jardín Botánico del Orinoco, quien fue hace años, el segundo centro de estudio y de colecciones botánicas de la nación; en la actualidad sólo es un pequeño centro recreativo con un área de grama mantenida para que niños jueguen en los deteriorados parquecitos infantiles. La investigación botánica, los paseos guiados para que los estudiantes conocieran la diversidad de nuestra flora y todo el mundo científico que allí albergaba, se perdió.

El llamado es a todos los entes público, a las diversas instancias del poder Ejecutivo –municipal, estadal y nacional-, a encontrar la voluntad política para hacer la diferencia y “saldar” esta cuenta histórica con el pueblo de Guayana y del soberbio Orinoco que no aguanta más aguas cloacales como el aporte de una civilización a su cauce.