sábado, 4 de febrero de 2017

En sector entre los municipios Sucre y Cedeño

“Irregulares” imponen su “LEY” a productores de La Raya

Grupos de irregulares se han apoderado del sector La Raya, ubicado en el municipio Cedeño, cerca de la frontera con el municipio Sucre del estado Bolívar.
Así lo dio a conocer Alejandro Lanz, director del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV) tras recibir varias denuncias de pobladores locales de este sector agrícola y pecuario.
Según informaron los afectados, presuntamente, grupos de irregulares han tomado el control de toda el área ante la ausencia de cualquier cuerpo de seguridad del Estado.
“Me han informado que estos grupos organizados tienen una presencia activa en la zona, cobran vacuna y controlan más de sesenta equipos de minería a cielo abierto, la cual operan de forma ilegal y sin ningún tipo de permisología legal, saqueando y destruyendo muchas áreas de vocación agrícola y pecuaria”, comenta el titular del CIEV.
Según los productores de La Raya –quienes han pedido no mencionar sus nombres por temor a las fuertes represalias-, desde el año pasado vienen sufriendo de cobros de vacuna, abigeato, robos en los fundos y fincas de herramientas agrícolas, desde bombas de riego hasta plantas eléctricas, motosierras, desmalezadoras e implementos menores de faena diaria como picos, palas, escardillas, etc.
“Me informan que toda la población se encuentra desesperada por la situación en momentos en que se debe fortalecer el sistema agroproductivo, en La Raya, los cultivos están a punto de perderse”, dijo.

Por tal motivo el CIEV hace un llamado al ministro de la Defensa, General Padrino López y al alto mando militar para que una comisión directa de Caracas se apersone en la zona, constate la presencia de irregulares y desmantele estas bandas organizadas que mantienen a la población productiva de la región en “jaque”. 
Inexplicable situación

Repunta la minería ilegal en el Alto Paragua y Caura


Se nos ha informado sobre un nuevo repunte de minería ilegal en el bajo, medio y alto Paragua en el municipio Angostura, pese a la presencia de la Armada venezolana y la prohibición nacional de esta actividad en las principales cuencas del estado Bolívar por el Ejecutivo nacional.
Así lo dio a conocer Alejandro Lanz, director del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV), quien ha venido recibiendo varios informes de pobladores locales que hacen vida en la cuenca y observan cómo se han multiplicado las balsas y dragas en el río Paragua.
“Según nos han informado, desde el bajo Paragua ya se comienzan a ver balsas y pasando el Salto Uraima hacia el alto Paragua, ya hay instaladas grandes balsas con equipos de ocho pulgadas, generando una gran contaminación, remoción de sedimentos socavando el río”, indicó el titular del CIEV.
En tanto, la cuenca de El Caura, también persiste la actividad aurífera ilegal, ha cual a pesar de la lucha que los pueblos indígenas mantienen por detener la minería en sus hábitat´s, conscientes que la verdadera riqueza de sus territorios está presente en el equilibrio ambiental que les proporciona alimentos (agricultura, pesca, cacería de subsistencia), así como materiales para hacer sus viviendas y la preservación de su cultura y comunidades, ancestralmente, presentes en la zona.
“No comprendemos cómo siendo el medio fluvial, el único medio de acceso a las zonas donde se trabaja la minería ilegal en los ríos Paragua y Caura, hoy en día no se ha podido detener esta ilícita actividad, y peor aún, que se incremente el número de equipos que devastan los principales cuerpos de agua dulce de la nación”, manifestó Lanz.
En este sentido, hizo un llamado al alto mando militar en aras de evaluar los controles castrenses presentes en las cuencas de Guayana.
“La Armada venezolana es una institución que históricamente ha sido ejemplo de eficacia y eficiencia, sin embargo, en la actualidad no entendemos como no han podido detectar y detener el tráfico fluvial que mantiene activa las minas de agua en la región (…) es necesario una revisión de los puestos locales para determinar las fallas en virtud de hacer los correctivos necesarios para mejorar el funcionamiento operativo de este componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, aportó el ecologista.
Para el titular del CIEV debe realizarse una evaluación a profundidad, asignando responsabilidades, si las hubiera, a los efectivos castrenses incursos en actos que por acción y omisión, hacen que la minería en las cuencas del Paragua y Caura sigan activas, y peor aún, se incrementen.

“La maquinaría, motores hidráulicos, turbinas, cientos de metros de manguera y balsas desarmadas, entre tantos otros equipos e insumos para la minería de río, no es pequeña ni es posible que pase desapercibida por su volumen, al igual que las decenas de tambores de 200 litros de combustible que son necesarias para la actividad (…) más aún cuando la única vía de traslado es por agua, vía fluvial (…) el movimiento de personas, alimentos y suministros tampoco es despreciable, mucho menos invisible; consideramos desde el CIEV que se debe hacer un trabajo multidisciplinario, de cooperación entre todas los componentes de la Fuerza Armada y fuerzas vivas de la región para garantizar la efectividad en la lucha contra la minería ilegal y el tráfico fluvial de equipos, suministros y combustible al alto Paragua y alto Caura”, concluyó Alejandro Lanz. 

jueves, 2 de febrero de 2017

Advierte Alejandro Lanz del CIEV

Caída cerca perimetral del Aeropuerto de Ciudad Bolívar

Ciudad Bolívar parece haber caído en una espiral de deterioro a nivel humano, institucional y patrimonial, que causa una gran preocupación, y de no atenderlo, nos iremos acostumbrando a vivir entre ruinas y cenizas, maleza y desidia.
Así lo manifestó el director general del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV), Alejandro Lanz, quien con preocupación observa como nuestra ciudad se va degradando tanto ambiental como urbanamente.
“Desde hace aproximadamente un mes se cayó la cerca perimetral del Aeropuerto “Tomás de Heres”, específicamente la sección ubicada en la avenida 17 de Diciembre, sin que a la fecha se vean trabajos para reparar o sustituir la cerca caída en el suelo”, resaltó el ecologista.
Para el titular del CIEV, este tramo de la cerca es muy importante que se mantenga en pie para evitar alguna tragedia, debido que separa el tránsito peatonal de la pista de despegue de las avionetas.
“Es un tema de seguridad aeronáutica, ya que las avionetas aterrizan en ese lado de la pista, así como muchas otras se trasladan a ese inicio de la pista para arrancar su vuelo (…) no comprendemos como ya han pasado treinta días y no ha sido reparada”, recalcó Lanz.
El ecologista hace un llamado general a la alcaldía de Heres, gobernación del estado Bolívar, ONG´s, ciudadanía y demás instituciones tanto públicas como privadas a activarse en pro de la recuperación de la Ciudad Bolívar que queremos, “a no dejarnos vencer por la apatía y la desesperanza, a sumar iniciativas para el rescate de nuestra ciudad, de los espacios públicos, a las instituciones para que mantengan sus infraestructuras”.


Otro símbolo bolivarense que se está perdiendo…

Puente Angostura arriba a su 50 aniversario en plena decadencia

***La estructura metálica del puente colgante muestra grandes áreas con óxido, pernos con alto grado de óxido en sus péndolas y preocupante falta de pernos en los anclajes
***Los canales de circulación de malla presentan graves desniveles y un ensanchamiento de sus juntas
***Barandas caídas y sueltas, a punto de caerse; junto a maleza y falta de iluminación, denotan una falta de mantenimiento de esta obra arquitectónica, ícono de la entidad

Considerado entre los diez puentes colgantes más importantes del continente, el Puente Angostura, muestra hoy su cara más decadente, a pesar de estar a escasos días de arribar a su cincuenta aniversario este seis de enero.
Así lo señaló Alejandro Lanz, director del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela, quien con preocupación señaló que ha podido constatar el incremento del desnivel y hundimiento de las planchas de malla ubicadas en la torre sur, en donde a simple vista parece haber cedido las vigas que la soportan dado que han tenido un nivel de hundimiento que sigue incrementándose semanalmente sin que ningún ente gubernamental realice un diagnóstico del corredor vial.
“En sentido, Norte-Sur se observa como la junta se ha separado y ha cedido, notándose una caída entre las planchas de malla; mientras en sentido Sur-Norte se observa una especie de hundimiento entre las planchas (…) en ambos casos, estas irregularidades en los canales de circulación se presentan cerca de la torre Sur del Puente Angostura”, indicó Alejandro Lanz.  
Para el ecologista, esta situación representa una gran preocupación, puesto que son miles, los vehículos que transitan diariamente el puente colgante.
“Y la situación tiende a agravarse con el tráfico descontrolado de gandolas y vehículos de carga (…) Hace décadas existía la Romana en el peaje Sur que chequeaba que los camiones de carga no excedieran el peso máximo que el Puente puede soportar en aras de no ir dañando su estructura; asimismo no se permitía que dos gandolas cruzaran simultáneamente el puente (…) sin embargo desde hace diez años aproximadamente, el control de las gandolas fue eliminado y ahora vemos cotidianamente hasta tres o cuatro gandolas pasando una detrás de la otra por el Puente, con total tranquilidad”, alerta el titular del CIEV.
Adicional indicó que las juntas que hace años se separaron y que dejaron descubierto elementos estructurales en la vía de descenso del puente en sentido Sur-Norte y que fuera cubierta con una lámina, dejó una pronunciada protuberancia, la cual sigue generando la imprudencia de muchos conductores que en vez de bajar la velocidad para continuar en su canal, se pasan a gran velocidad al carril de contraflujo para sortearla y evitar el continuo daño a los trenes delanteros de sus vehículos.
“Esta situación lleva años sin que el Ejecutivo regional muestre una verdadera voluntad de poner en óptimas condiciones los canales de circulación del Puente Angostura”, manifiesta el ecologista.

De igual forma, a simple vista se puede observar el grado de óxido que muestra la estructura de vigas de rigidez con sus armaduras de celosías de 7,62 metros (estructura metálica debajo de los canales de circulación). Mientras que los pernos de las péndulas también presentan un gran grado de óxido, en tanto que los anclajes principales de los cables colgantes muestran la ausencia de muchos de sus pernos.
ACTIVACIÓN DE COBRO DE PEAJES
Con la entrada en rigor meses atrás del cobro de los peajes en el Puente Angostura se esperaba que el Ejecutivo regional pudiera autogestionar el mantenimiento del Puente; sin embargo, a la fecha se puede apreciar el deterioro del mismo.
“Vemos barandas caídas y a punto de caerse, maleza, acumulación de arena en los hombrillos y los problemas estructurales antes señalados (…) no se comprende, porque el dinero recaudado que se estima en millones de bolívares mensuales no se invierte en mantener la seguridad vial en esta joya arquitectónica, puerta de entrada a visitantes a la entidad”, se cuestiona Lanz.
Recuerda el ecologista que, en otros estados, con el cobro de peaje se podía apreciar una retribución al usuario en vías asfaltadas, iluminadas, servicio de grúa gratuita y atención y auxilio al viajero.
Finalmente, Alejandro Lanz recordó la Ciudad Bolívar que despertaba bajo un signo de pujanza económica y estratégica, una Ciudad Bolívar que se interconectaba vialmente –junto a la rica Guayana- al territorio y a la economía del país, gracias al Puente Angostura sobre el Orinoco; un puente que hoy muestra el rostro de la desinversión y la desolación a pesar de cumplir sus “Bodas de Oro” con esta región.



miércoles, 21 de septiembre de 2016

Arco Minero del Orinoco: El Socialismo Salvaje del Siglo XXI

El pasado miércoles, el gobierno inició la exploración en el Arco Minero del Orinoco en la región Guayana a pesar de las notorias preocupaciones de propios voceros oficialistas, exministros del tren ejecutivo del expresidente Chávez, instituciones universitarias, ONG´s de Derechos Humanos, Ambientalistas y organizaciones indígenas de base comunitaria, entre muchas otras instituciones públicas y privadas del país.
Y no es para menos –señala Alejandro Lanz, director del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV)-, pues el proyecto gubernamental se basa en la entrega de 12 mil kilómetros cuadrados a 150 trasnacionales para la explotación de la minería a gran escala a cielo abierto en la región donde se encuentra el pulmón vegetal de la nación y los principales cuerpos de agua dulce que alimentan a la red de centrales hidroeléctricas que generan más del 70% de la energía a todo el país.
“Este mega proyecto se sustenta en una minería ecológica que no existe en el mundo, y ha sido entregada a trasnacionales que tampoco la practican en ninguna de sus concesiones ubicadas en distintos países del planeta (…) en todos los casos, las trasnacionales hacen una extracción a cielo abierto para lo cual deforestan grandes áreas de selva y remueven toda la capa vegetal, dejando totalmente “estéril” la tierra, sumado con la utilización de lagunas de oxidación con cianuro que han generado fugas, contaminando ríos enteros como los casos de Guyana, Argentina y Brasil, y sin ir muy lejos incluso aquí en Bolívar, con la laguna de oxidación de la concesión de Las Cristinas que contaminó el Cuyuní (…) ecosidios que ni el 100% del oro explotado ha alcanzado para pagar por la contaminación generada”, advierte Lanz.

Mientras en relación al atropello a las comunidades indígenas, el ecologista refirió que la mayoría de los pueblos originarios están en contra de este proyecto y por una sencilla y muy valedera razón: El Estado venezolano está en mora con los pueblos indígenas del país y en incumplimiento de la Constitución Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas en cuanto a titularidad colectiva de los territorios y hábitats indígenas.
“El Ejecutivo nacional en vez de honrar las justas reivindicaciones a los pueblos indígenas, entrega parte de sus territorios a empresas trasnacionales (…) Un atropello a todas luces, donde un extraño socialismo del siglo XXI antepone el dinero al bienestar de los venezolanos originarios, donde prevalece lo económico a lo social, donde se entrega zonas de hábitats indígenas a trasnacionales del oro ¿qué socialismo tan raro?” se cuestiona Lanz al sentirse confundido, pues para el ecologista, estas acciones son propias del Capitalismo Salvaje, que tanto despotrica el oficialismo, pero que en la práctica, lo ejecuta sin contemplación.

Por todo ello, el titular del CIEV, Alejandro Lanz, hace un llamado a la rectificación, ahora que estamos a tiempo de conservar nuestros recursos más valiosos para dejar a las futuras generaciones, como lo son el agua, los bosques, la flora y fauna y los biomas en general “que contienen una riqueza biológica y son generadores de servicios ambientales -tan fundamentales como el oxígeno y el agua dulce-, para la vida en el planeta que ningún mineral precioso puede sustituir o comprar”, dijo finalmente. 

viernes, 9 de septiembre de 2016

A juicio de Alejandro Lanz, director del CIEV

El Arco Minero sentencia de muerte a la Región Guayana

***La mayor contradicción de la Ética socialista la cual plantea salvar el planeta, destruyendo los ecosistemas naturales más grandes de la nación
***A ciento cincuenta trasnacionales mineras se le ha entregado doce mil kilómetros del territorio nacional para la explotación de minerales metálicos y no metálicos
***Crece la preocupación por las afectaciones ambientales en las que se vería seriamente comprometida la generación de electricidad para todo el país, así como la contaminación de cuerpos de agua, perdida de bosques y biodiverdidad


El descontrol de la minería ilegal en la región Guayana desde hace más de un siglo, sumado a la ineficiencia del Estado venezolano en salvaguardar los recursos naturales más importantes de la nación, son antecedentes que generan una gran preocupación con el avance del proyecto denominado ARCO MINERO en el cual se han entregado a empresas privadas trasnacionales cerca de 12 mil kilómetros cuadrados para explotar minerales preciosos en los principales ecosistemas que generan el agua, electricidad y oxigeno para Venezuela y Suramérica.
Así lo refirió Alejandro Lanz, director del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV), al ser consultado sobre este proyecto que pretende explotar las reservas de oro, diamantes, coltán, dolomita, caolín, hierro y bauxita del país; y para quien es un error tremendo, el autorizar la minería a gran escala a cielo abierto en Guayana, sacrificando los biomas y ecosistemas más importantes del país.
“El territorio nacional entregado a las empresas privadas trasnacionales incluyen selvas de Imataca, La Paragua y El Caura, que en conjunto abarcan más de ocho millones de hectáreas, además de las cuencas de los ríos Orinoco y Caroní que alimentan a la red de centrales hidroeléctricas que generan la electricidad para todo el país (…) adicional se está comprometiendo las fuentes vegetales y de agua dulce, que proveen mecanismos de regulación ambiental, oxígeno, entre otros servicios ambientales; por lo que los seis meses que especifica el Decreto en su Artículo 10 para planificar la nueva minería que habrá de ejecutarse, nos causa una gran preocupación por su inminente puesta en marcha”, señala el titular del CIEV:
Para el ecologista, los beneficiarios serán para las empresas transnacionales autorizadas para la explotación, mientras que los costos sociales y ambientales serán, como han sido con la actual minería ilegal, lo que le queda al país, a las comunidades locales y pueblos indígenas.  

VOCES DISIDENTES

Son muchas los voceros, especialistas y profesionales que han pedido al Ejecutivo Nacional que rectifique y paralice el Arco Minero. En Guayana importantes científicos e investigadores han alzado su voz de alerta ante este inevitable ecosidio como Nalúa Silva y Alexander Mansutti de la UNEG, el investigador Francisco Delascio Chitty, el clérigo René Brohm del Alto Caura, la destacada periodista ambientalista Evelyn Guzmán, entre muchos otros.
Para el expresidente de la Comisión de Ambiente del Senado y autor de las normas ambientales de la actual Constitución, doctor Alexander Luzardo, el Arco Minero atenta contra la visión estratégica del país porque va contra las últimas reservas de agua dulce y potable de Venezuela y afectaría significativamente la producción de la energía eléctrica del país.
En este sentido, Lanz refiere al exministro Víctor Álvarez, quien junto a otros altos exfuncionarios del tren ejecutivo del expresidente Chávez se han pronunciado en contra de la entrega del país y sus recursos a las trasnacionales, siendo considerada la medida neoliberal más grande que se haya realizado en la nación. Según Juan Carlos Sánchez, integrante del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC),
galardonado en el 2007 con el Premio Nobel de la Paz, señala que los daños ambientales que conllevaría el Decreto del Arco Minero sería la deforestación masiva necesaria para las excavaciones. Esto incidiría en el cambio climático, pues “La deforestación suprime el proceso de fotosíntesis que absorbe el CO2 de la atmósfera, y a la vez emite CO2 que es el principal gas de efecto invernadero.” Además, sin bosques que recubran la región, se eliminaría la evapotranspiración del bosque, fenómeno que consiste en el envío de grandes cantidades de vapor de agua a la atmósfera, lo cual aporta a las precipitaciones lluviosas. “En otras palabras, la deforestación tiende a aumentar los problemas de sequía,” dicta Sánchez.

Ana Elisa Osorio, ex ministra de ambiente (2000-2005), agrega que despojar el terreno de bosques “puede llevar a un proceso de desertificación el sur del país.” Después de todo, la capa vegetal de la zona no es recuperable. “Lo que va a dejar abajo es caliza. O sea, que ahí no va a crecer nada más. Por lo menos por siglos.”
En este sentido, el titular del CIEV advierte que tendremos a la “vuelta de la esquina” una crisis energética sin precedentes “no se trata solamente de excavación, de deforestación, de arrasar con la superficie de todo lo que es la capa vegetal del suelo, sino que esta tierra que se moviliza se lava o se lixivia con cianuro. Y el cianuro, como sabemos, es un elemento totalmente tóxico. Esas aguas lixiviadas, esa mezcla de agua con cianuro, teóricamente se van a colocar en unas lagunas que están impermeabilizadas para contenerlas. Pero ya han habido experiencias negativas en el país, como las filtraciones de la laguna de oxidación de la abandonada concesión de sector Cristalex que desde hace más de  diez años, mineros ilegales han socavado sus adyacencias, generando filtraciones de cianuro hacia el río Cuyuní (…) Esta contaminación ha traído como consecuencia que gran parte de las comunidades indígenas y poblaciones criollas como Las Claritas, sufran diarreas constantes, aparición  espontánea de laceraciones en la piel, enfermedades bacterianas como  resistentes a cualquier tipo de antibiótico. Asimismo, según denuncias de pobladores de El Callao, una de las lagunas de oxidación de CVG Minerven, también presenta filtraciones que desembocan en el río Yuruari, lo que complica aún más, la ya delicada situación de salud pública al sur del estado Bolívar (…) Entonces imagínate que al activarse el  Arco Minero haya una ruptura o una percolación de este líquido hacia el río Orinoco, hacia el río Caroní, hacia el río Cuchivero, hacia el río Caura, que son la reserva de agua de nuestro país. Setenta por ciento de nuestras reservas de agua están en el sur del Orinoco y podrían contaminarse irremediablemente con una afectación descomunal hacia la fauna acuática y a todos los pueblos y comunidades ribereñas que viven del río, pesca, cultivos, agricultura, etc etc”, recuerda Lanz, al tiempo de también llamar la atención sobre la sedimentación del caudal del río Caroní afectaría al país entero por el colapso de los embalses y de la generación eléctrica.

NO EXISTE LA MINERÍA ECOLÓGICA

“Ni en el sur, ni el norte ni el este ni el oeste de Venezuela, ni en otras parte de Latinoamérica o el mundo existe algún tipo de Minería Ecológica. Ni la minería ilegal, que a veces es semi-maquinizada y usa grandes cantidades de mercurio, ni mucho menos la industrial, que se encuentra en los marcos formales pero es geométricamente más devastadora que la ilegal en intensidad y extensión”, señala el director del CIEV, Alejandro Lanz.
Los métodos que se utilizan para obtener por ejemplo un gramo de oro son terribles en los términos de remoción de la capa vegetal, del uso de químicos como el cianuro o mercurio, de la contaminación de las aguas, de los impactos en comunidades.
“Entendemos que existe una agudísima crisis económica en el país, pero la obtención de liquidez comprometiendo la salud a la actual población de Guayana y las generaciones futuras con la implementación del Arco Minero sería la peor decisión que pudiera tomarse (…) Actualmente empresas petroleras en el área marítima en reclamación en Guyana han certificado yacimientos de petróleo liviano con un estimado de producción de unos 100 mil barriles diarios por los próximos diez años y el Estado venezolano se mantiene silente; estando aquí la liquidez que pudiera rescatar a la nación sin sacrificar los recursos naturales de Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro”, exhorta Alejandro Lanz.
Finalmente, el titular del CIEV hace un nuevo llamado al Ejecutivo nacional para que rectifique y no destruya la naturaleza guayanesa por el espejismo de bienestar momentáneo que pueden dar los minerales preciosos que al final se cuentas se agotaran y sólo dejarán a las poblaciones locales, una naturaleza muerta que conllevará al desplazamiento forzoso de las comunidades indígenas y criollas e imposibilitando el desarrollo del ecoturismo, como una verdadera alternativa para el desarrollo sustentable y del 5to Objetivo del Plan de la Patria: Salvar al Planeta, y para ello debemos de SALVAR A GUAYANA!!!

martes, 24 de mayo de 2016

Impactos ambientales del Arco Minero en Guayana

Impactos ambientales del Arco Minero en Guayana

***Ecologistas manifiestan su preocupación ante la afectación de 111 mil kilómetros cuadrados y la contaminación de los principales cuerpos de agua dulce del país 
***Preocupación por violación de zonas ABRAE y demás figuras de protección Ambiental 
***Comunidades indígenas también se pronuncian ante la situación 

Según señalara el presidente NicolásMaduro, el Arco Minero del Orinoco (Edo. Bolívar) tendrá una superficie de 111 mil kilómetros cuadrados duplicando así la Faja Petrolífera del Orinoco y cuenta con 7 mil toneladas de reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de alto valor industrial.
Para el ministro de Petróleo y Minería, Eulogio Del Pino, la importancia de la activación del Motor Minero bajo la figura de los acuerdos que se firmaron con empresas nacionales e internacionales para la exploración y explotación e minerales metálicos y no metálicos, redundará en la diversificación de ingresos para la nación.
Asimismo Del Pino indicó que se explorará, certificará y explotará, preservando los recursos naturales y las culturas originarias, en cumplimiento de la Ley para el Desarrollo Productivo Minero 2016-2018 que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos.
Sin embargo, son muchas las interrogantes, al igual que las voces de ecologistas, ONG´s, organizaciones y comunidades indígenas que advierten las repercusiones ambientales y socioculturales, la afectación de zonas protegidas ambientalmente por leyes nacionales, además de desplazamientos forzosos de asentamientos criollos e indígenas, por citas algunas. 

“Estamos hablando de una amplia zona de gran biodiversidad que abarca gran cantidad de bosques, selvas que están protegidas por decretos de reserva forestal como el caso de Imataca, de 3 millones 800 mil hectáreas, La Paragua y El Caura con 5 millones 134 mil hectáreas, monumentos naturales como el caso de Guanay decretados en 1991 y cuencas que están protegidas igualmente por leyes ambientales y convenios internacionales como la Cuenca del Caroní de 96 mil kilómetros cuadrados, que provee de las reservas de agua dulce más importantes del país y generadora de 60% de la energía hidroeléctrica que alimenta la represa del Guri y el complejo hidroeléctrico”, advierte Alejandro Lanz, director del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV).
En este sentido, el ecologista destaca que, para la activación del Arco Minero, el Ejecutivo nacional, tendrá que violar importantes Decretos realizados por el Estado venezolano. 
“Aún más, si estamos en frente de una crisis energética, lo lógico es cuidar las cuencas del Caroní y Paragua, activar planes de reforestación, de eliminación de la minería en estos ríos que socava su cauce y manda lodo y sedimentos a Guri (…) y por el contrario, la respuesta no debería ser activar un Arco Minero que haga legal la explotación de minerales preciosos o no en estos vitales cuerpos de agua, de los cuales depende la generación de la electricidad de todos los venezolanos”, destaca Lanz. 
De allí que considere el ecologista al Motor Minero,como un sacrificio ecológico, que afectará a generaciones presentes y futuras. 
El titular del CIEV señaló que el Arco Minero iniciaría actividades incumpliendo las obligaciones constitucionales de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas (artículo 129), así como consultar de manera previa, libre e informada a los pueblos originarios cuando se aprovechen recursos naturales en hábitats indígenas (artículo 120, Convenio 169 de la OIT).
“El modo de vida de los pueblos indígenas como Inga, MapoyoEñepáYekwana, Piapoco, KariñaArawakAkawako, entre otros, sería afectado por la actividad minera”, manifiesta Lanz, para quien y de igual forma, todo los pobladores del sur-oriente del país se verían afectados ante el incremento de contaminación del río Orinoco. 
Por otro lado, el decreto del Arco Minero del Orinoco, prohíbe y penaliza el ejercicio de los derechos a la reunión, manifestación pacífica y a la huelga, contrario a lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; al convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a libertad sindical y a los artículos 53, 68 y 97 de la carta magna.
A pesar de la utilización de un lenguaje en el que abundan términos como “endógeno”, “sustentable” o “ecosocialismo” la política de expansión y el incremento de la minería ilegal en toda Guayana, traería grandes pasivos ambientales que se traducirán en desmejora de la calidad de vida de todos los pobladores de Amazonas, Bolívar, sur de Monagas y Delta Amacuro, por citar a los afectados más directos. 

“Comprendemos que hay una crisis económica, pero a pesar que el Ejecutivo nacional obtenga grandes ganancias por el Arco Minero y disminuya el “rentismopetrolero”, la salud y calidad de vida de todos los ecosistemas de la región Guayana se verán afectados en demasía, y con ellos, la calidad de vida de sus pobladores”, alecciona Lanz. 

LLAMADO DE ALERTA AL PRESIDENTE 
Las organizaciones indígenas del Amazonas se han comunicado con el CIEV en aras de hacer un llamado al presidente Madura tanto para la implementación de medidas en torno a la minería ilegal, como la preocupación por la entrega de concesiones para la extracción de minerales a trasnacionales en territorios indígenas. 
“Estamos profundamente preocupados debido a la creciente ACTIVIDAD MINERA ILEGAL (minería de oro) en varias zonas del Estado Amazonas, la cual afecta a numerosos pueblos y comunidades indígenas de la región. Durante los últimos años (2014 – 2015 – 2016) se ha observado un incremento de la minería ilegal en los cauces de numerosos ríos y zonas de selva alta, incluyendo la utilización de máquinas motobombas y embarcaciones con máquinas chupadoras, que utilizan métodos de dragado de las aguas delos ríos para la extracción de oro. El resultado de esta actividad ilegal ha sido una evidente destrucción ambiental en zonas como el Parque Nacional Yapacana, y los ríos Orinoco, Atabapo, Guainía, Sipapo - Guayapo, Alto CuaoOcamoManapiare - Ventuari, Parucito - Majagua, Parú, Asita, Siapa y otros; contaminación de las aguas por presencia de mercurio y otras sustancias tóxicas, así como la alteración del ecosistema fluvial en general, incluyendo la vida de numerosos peces que son fuente de alimento para las comunidades indígenas ribereñas y las capitales de Municipios. En las áreas afectadas se observan impactos ambientales como deforestación de grandes cantidades de selva tropical, desviación del curso de las aguas de ríos y caños, procesos de sedimentación y la afectación de numerosos ecosistemas amazónicos. De esta situación hay numerosos informes y numerosa documentación en la Defensoría del Pueblo y en la Fiscalía del Estado Amazonas, reseñan dirigentes indígenas pertenecientes a la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (COIAM).
Las organizaciones destacan que la actividad minera ilegal en todo el Estado Amazonas va acompañada de otras muchas ilegalidades, tales como el contrabando de productos nacionales, el tráfico de combustible, la prostitución, la delincuencia organizada, la entrada ilegal al territorio nacional de personas foráneas sobretodo de Colombia y Brasil, la presencia de grupos armados generadores de violencia y el tráfico de sustancias prohibidas por la ley. Todas estas actividades ilegales y en concreto la minería ilegal son hechos públicos ampliamente conocidos y difundidos por las comunidades y los medios de comunicación. 
Las organizaciones señalan que esta situación la han presentado en varias oportunidades en mesas de diálogo con la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de la Defensa, CECODENA, el Ministerio para los Pueblos Indígenas, la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, y las Comisiones de Defensa y Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional. También les preocupa que mientras el problema aumenta y se detectan nuevos focos mineros ilegales en toda la región, en muchos casos las autoridades del Estado venezolano no han logrado controlar efectivamente el problema de la actividad minera ilegal que afecta a nuestros pueblos y comunidades y a la población en general.
Es importante resaltar que en el Estado Amazonas hay numerosas ÁREAS PROTEGIDAS, como los Parques Nacionales YAPACANA, Parima TapirapecóDuidaMarawaka, La Neblina; la Reserva de Biósfera Alto Orinoco Casiquiare; Zonas Protectoras, Reservas Forestales y Monumentos Naturales; y existe el Decreto Presidencial N° 269 del año 1989, que prohíbe la minería en todo el territorio de Amazonas.
“Debido a la alta fragilidad ecológica de los ecosistemas amazónicos, y que en su mayoría nuestros hábitats y tierras no han sido demarcados como reconoce el artículo 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;  ratificamos que la vocación natural del Estado Amazonas deberá ser de preservación de recursos hídricos para el futuro del país, conservación de la diversidad biológica, y realización de actividades económicas sostenibles en la Amazonía (agroforestería, artesanía,  silvicultura, agricultura cónsona con el ambiente  -cacao orgánico-, pesca artesanal, ganadería bufalina no extensiva, apicultura y ecoturismo. Creemos que también se pueden promover fuentes alternativas de energía como la energía solar e hidroeléctrica a menor escala previo estudio de impacto ambiental.”
Las organizaciones indígenas insisten “Queremos hacer un llamado al Gobierno Nacional para que se tomen medidas efectivas que protejan la Amazonía venezolana de estos fuertes impactos ambientales y socioculturales. En este sentido, al expresar nuestra preocupación por la implementación del llamado Arco Minero del Orinoco, reconocemos como positivo que se haya excluido al Estado Amazonas de las actividades propias de esta política del Estado venezolano.”
Finalmente las organizaciones manifiestan la necesidad de sentarse con el Gobierno Nacional para dialogar sobre estos problemas, especialmente con la Presidencia de la República, a los efectos de que desde el Gobierno Nacional, se puedan coordinar acciones efectivas y medidas concretas que permitan controlar y erradicar la minería ilegal en Amazonas.